CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN
CIVIL
FERNANDO GIRALDO
GUTIÉRREZ
Magistrado
Ponente
SC11295-2014
Radicación n°
11001-02-03-000-2012-01846-00
(Aprobada en sesión de diecisiete de junio
de dos mil catorce)
Bogotá D.C., veintiséis (26) de agosto de
dos mil catorce (2014).
Decide la Corte el recurso extraordinario de
revisión interpuesto por Carmen Nazmia Ambra Ambra, frente a la sentencia de
26 de junio de 2012, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso abreviado de Pedro Jimeno
Martín y Francisca Montes de Jimeno contra Hasan Saleh Nofal.
- ANTECEDENTES
- Pedro Jimeno y
Francisca Montes de Jimeno accionaron para que Hasan Saleh Nofal, como
arrendatario, les restituyera el inmueble localizado en la carrera 11 #
88-46/56 de esta ciudad, por requerirlo para realizar una obra nueva, en los
términos del artículo 518 del Código de Comercio, numeral
3.
- Notificado el
demandado del admisorio, se opuso. Además, excepcionó falta de claridad en el
desahucio y que la cláusula décima segunda en que sustenta el pago de
indemnización no tiene vigencia (folios 80 al 85, cuaderno 1, rad.
2008-00251).
- El Juzgado Quinto
Civil del Circuito de Bogotá declaró infundadas las defensas y accedió a las
súplicas del libelo, concediendo al ocupante del bien diez (10) días para
entregarlo, en fallo de 28 de octubre de 2011, que apeló el contradictor
(folios 199 al 212, rad. 2008-00251).
- La segunda
instancia culminó con sentencia confirmatoria de junio 26 de
2012 (folios 29 al 36, cuaderno 4, rad.
2008-00251).
- Carmen Nazmia
Ambra Ambra formuló recurso extraordinario de revisión frente a lo resuelto
por el Tribunal.
Señala en el escrito de subsanación como
consecuencia de auto inadmisorio, que invoca la causal sexta del artículo 380
del Código de Procedimiento Civil, por «existir
colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se
dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal,
siempre que haya causado perjuicios al recurrente».
Lo sustenta en estos términos (folios 321
al 340 y 345 al 347):
- El 20 de marzo de
1984, en compañía de su esposo Hasan Saleh Nofal, tomaron en arriendo a Pedro
Jimeno Martín y Francisca Montes de Jimeno un inmueble con destinación
comercial.
- El contrato fue
cedido por Pedro y Francisca, el 31 de marzo de 2005, a la sociedad Soto Pombo
Ltda.
- Esta última, el
1° de abril de 2005, optó por celebrar un nuevo acuerdo, en el que Carmen
Nazmia Ambra Ambra actuó como arrendataria y codeudora.
- Soto Pombo Ltda.
les informó a ella y su cónyuge, el 17 de septiembre de 2007, que los
propietarios del inmueble lo necesitaban para construir una obra nueva, por lo
que debían entregarlo el 31 de marzo de 2008, reconociendo así su
calidad.
- Sucedió lo mismo
con las comunicaciones de 19 de marzo y 24 de abril de 2008, en las que esa
persona jurídica les recordó lo anterior y les informó que
«el contrato de
arrendamiento lo ha endosado a favor de los señores Pedro Jimeno Martín y
Francisca Montes de Jimeno», respectivamente; así como con la nota de cesión de 1° de mayo
de 2008, que se anexó al documento contentivo del acuerdo de
voluntades.
- No obstante lo
anterior Pedro Jimeno Martìn y Francisca Montes de Jimeno iniciaron proceso de
restitución únicamente contra Hasan Saleh Nofal.
- A pesar de que el
Juzgado de conocimiento inadmitió el libelo para que se integrara el
contradictorio, sin que fuera impugnado por los accionantes,
«en el escrito con el cual
subsanó la demanda se negó categóricamente a citar como parte demandada a la
coarrendataria Sra. Carmen Nazmia Ambra Ambra».
- El
a quo, en contravía de lo que inicialmente había
dispuesto, «afectando
gravísimamente la estructura esencial del proceso (…) dio curso a la
demanda», sin que se
contara con la presencia de la aquí impugnante.
- Apelada la
sentencia que ordenó la restitución del predio, el Tribunal la confirmó y
guardó completo silencio «acerca de ser también doña Carmen Nazmia Ambra Ambra
arrendataria del inmueble cuya restitución decretó, tal y como aparecía ella
interviniendo en ese contrato».
- En este momento
se cierne sobre la recurrente «la inminencia de tener que soportar una diligencia de
lanzamiento, y en consecuencia, de tener que sufrir un fallo judicial
confirmado, a pesar de no haber sido ella oída ni vencida en el
juicio».
- La decisión de
primera instancia «no
podía de hecho ni en derecho ser confirmada porque el proceso (…) desde su
mismo auto admisorio y más allá de toda duda razonable mostraba la
inexistencia de un presupuesto procesal como es el de la demanda en forma ante
la falta de una debida integración de la litis por pasiva».
- Con lo anterior
se le ha ocasionado un daño jurídico y patrimonial, pues, no se verificó el
incumplimiento de «sus
deberes y obligaciones como parte codeudora» y dejará de explotar el establecimiento de
comercio que funcionaba en el inmueble que se ve compelida a
desocupar.
- Ese perjuicio es
producto de «una maniobra
indebida realizada por la arrendadora demandante» al no incluirla en el trámite abreviado a
sabiendas de que era «sujeto de derechos y obligaciones a términos del contrato de
arrendamiento»; y
«de una conducta impropia,
indelicada, temeraria y no ajustada a los cánones legales»
al excluirla del
diligenciamiento, sin poder hacerlo «porque era parte del negocio jurídico quicio
(sic) cardenal del proceso». Este proceder consiguió que
«a espaldas y en ausencia
de la aquí recurrente se produjera una sentencia luego confirmada por el
superior que le era totalmente adversa» y lesiva.
- Los
intervinientes dentro del asunto, cuyo fallo de segundo grado es materia de
debate, se pronunciaron así:
- Pedro Jimeno
Martín y Francisca Montes de Jimeno se opusieron, en vista de que
«Carmen Nazmia Ambra Ambra,
no es ni fue arrendataria dentro del contrato de arrendamiento de inmuebles
base de la acción de restitución» y de haberlo sido, no era obligatoria su comparecencia al tenor
del artículo 8 de la Ley 820 de 2003, aunque podía acudir como
litisconsorte, lo que no hizo oportunamente (folios 406 al
421).
- Hasan Saleh Nofal
aceptó los hechos y coadyuvó las pretensiones (folio
423).
- Perfeccionada la
instrucción, la impugnante alegó de conclusión, insistiendo en que
«en el contrato de
arrendamiento ella intervino como parte», que «intervino como parte codeudora» y que «era considerada y actuaba además como parte
arrendataria».
Los contradictores se manifestaron para
resaltar que «no hay la tal nulidad en la sentencia
que puso fin al proceso» (folios 483 al 503).
- Agotado el
trámite, se procede a resolver de fondo lo que en derecho
atañe.
CONSIDERACIONES
- El artículo 379
del Código de Procedimiento Civil posibilita que las sentencias ejecutoriadas
de la Corte, sin distinción, sean revisadas por los motivos que
contempla el 380 ibidem,
relacionados con dificultades e irregularidades en la obtención de la prueba,
fraude procesal, indebida representación o nulidades que afecten la
actuación.
Corresponde a un remedio a posteriori, en presencia de graves
anomalías en el curso del litigio, que afectaron las garantías procesales de
las partes. Es así como, si se acredita al menos una de las causales
taxativamente señaladas, bien se invalida lo inadecuadamente tramitado o se
dispone proferir un nuevo fallo que respete los derechos de los intervinientes,
tanto adjetivos como sustanciales.
Al respecto la Sala, en sentencia de 5 de
diciembre de 2012, rad. 2003-00164-01, señaló que:
Define el artículo 302 del Código de
Procedimiento Civil las sentencias como aquellas providencias “que deciden
sobre las pretensiones de la demanda o las excepciones que no tengan el
carácter de previas, cualquiera que fuere la instancia en que se
pronuncien”, y que, una vez en firme, surten el efecto de cosa juzgada en los
términos del 332 ibidem (…) Sin embargo, los preceptos 379 a 385 de la misma
compilación normativa consagran el recurso extraordinario de revisión como la
última vía para enmendar las decisiones definitivas que contrarían al deber
de administrar justicia, a pesar de encontrarse ejecutoriadas, siempre y cuando
se demuestre la ocurrencia de una o varias de las causales expresamente
señaladas con tal fin, para así derruir la presunción de acierto que las
cobija.
- A pesar de que en
la sustentación inicial de este medio extraordinario se señaló como causal
la octava, alegando la existencia de nulidad en la sentencia del
ad quem, al corregir los puntos que fueron objeto de
inadmisión precisó que «toda cita o cualquier referencia a causal distinta de la aquí
señalada y que aparezca en el libelo que contiene el presente recurso
extraordinario de revisión, se entenderá que alude a la causal 6ª del art.
380 del C.P.C.», que
consiste en «[h]aber
existido colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en
que se dictó la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigación penal,
siempre que haya causado perjuicios al recurrente».
Para la comprobación de este motivo debe
mediar un accionar irregular y consciente de quienes intervinieron en la
litis donde se dictó el
pronunciamiento cuestionado, con incidencia en su producción, consistente en
la deformación u ocultamiento de información necesaria para el normal
desarrollo y solución del debate.
Los términos colusión y fraude tienen una
connotación de infracción a la normatividad vigente, en detrimento de
determinada persona, y así lo define el DRAE cuando dice que el primero es el
«pacto ilícito en daño de tercero», mientras que el último es «acto
tendiente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de
terceros».
Según criterio de la Corte, señalado en SR
de 30 de junio de 1988 y 11 de septiembre de 1990, entre otras, G. J., T. CCIV,
página 45, citadas en la de 19 de diciembre de 2011, rad. 2008-01281-00, esas
maniobras fraudulentas comportan
(…) una actividad engañosa que conduzca al fraude, una actuación
torticera, una maquinación capaz de inducir a error al juzgador al proferir el
fallo en virtud de la deformación artificiosa y malintencionada de los hechos
o de la ocultación de los mismos por medios ilícitos; es en síntesis, un
artificio ingeniado y llevado a la práctica con el propósito fraudulento de
obtener mediante ese medio una sentencia favorable, pero contraria a la
justicia.
Lo que complementa la Sala, según SR 243 de
7 de diciembre de 2000, rad. 007643, con que sus elementos esenciales
son:
(…) una conducta fraudulenta, unilateral o
colusiva, realizada con el fin de obtener una sentencia contraria a derecho,
que a su turno cause perjuicios a una de las partes o a un tercero, y
determinante, por lo decisiva, de la sentencia injusta. Todo el fenómeno de la
causal dicha puede sintetizarse diciendo que maniobra fraudulenta existe en
todos los casos en que una de las partes en un proceso, o ambas, muestran una
apariencia de verdad procesal con la intención de derivar un provecho judicial
o se aprovechan, a sabiendas de esa aparente verdad procesal con el mismo
fin.
Sumado a lo anterior, debe concernir a
situaciones ajenas al pleito y que no se hayan controvertido dentro del mismo,
pues, de ser así se estaría reabriendo la discusión como si se tratara de su
replanteamiento o un reexamen de los puntos desatados, lo que se aleja de los
fines propios de esta impugnación extraordinaria.
Como estimó la Corporación en SR 208 de 18
de diciembre de 2006, expediente 2003-00159-01, es
(…) requisito
para que determinada situación pueda calificarse de maniobra fraudulenta, como
causa eficiente para dar lugar a la revisión…, que la misma resulte de
hechos externos al proceso y por eso mismo producidos fuera de él, pues si se
trata de circunstancias alegadas, discutidas y apreciadas allí, o que pudieron
serlo, la revisión no es procedente por la sencilla razón de que aceptar lo
contrario sería tanto como permitir, que al juez de revisión se le pueda
reclamar que, como si fuese juez de instancia, se aplique a examinar de nuevo
el litigio”.
- Tienen relevancia
para los fines de este pronunciamiento los siguientes
hechos:
- Que entre el 26
de junio de 2001 y el 31 de marzo de 2005, Pedro Jimeno Martin y Francisca
Montes, anunciándose como arrendadores de un local comercial de su propiedad,
libraron varias comunicaciones a Hasan Saleh Nofal y Carmen Nazmia Ambra Ambra,
a quienes identificaron como arrendatarios (folios 2 al 7).
- Que la sociedad
Soto Pombo Ltda. y Hasan Saleh Nofal celebraron por escrito un nuevo acuerdo de
tenencia sobre el mismo inmueble, a partir del 1° de abril de 2005 (folios 3
al 6, cuaderno 1, rad. 2008-00251).
- Que el documento
contentivo del pacto fue firmado por Carmen Nazmia Ambra Ambra, en calidad de
deudora solidaria del inquilino (folio 6 vuelto, cuaderno 1, rad.
2008-00251).
- Que Soto Pombo
Ltda. cedió ese contrato a Pedro Jimeno Martín y Francisca Montes de Jimeno
el 1° de mayo de 2008 (folio 7, cuaderno 1, rad.
2008-00251).
- Que Pedro Jimeno
y Francisca Montes promovieron «demanda de restitución de bien inmueble arrendado para uso
comercial (restaurante) contra el señor Hasan Saleh Nofal», aportando entre sus anexos copia de dos
comunicaciones dirigidas a éste y a Carmen Nazmia Ambra Ambra (folios 1 al 36,
cuaderno 1, rad. 2008-00251).
- Que en auto de 2
de julio de 2008, se inadmitió el libelo, entre otros puntos para que se
integrara «el
contradictorio, en relación con Carmen Nazmia Ambra Ambra»
(folio 39, cuaderno 1, rad.
2008-00251).
- Que en el
memorial de subsanación, sobre ese aspecto se dijo que «Carmen Nazmia Ambra Ambra es codeudora, tal y
como lo señala inequívocamente la cláusula vigésima del contrato (…) y no
arrendataria , y por lo tanto no es sujeto de restitución del inmueble, lo que
es materia del presente proceso» (folios 50 y 51, cuaderno 1, rad.
2008-00251).
- Que el
a quo en proveído de 14 de abril de 2009,
«por reunir los requisitos
legales», admitió el
trámite (folio 58, cuaderno 1, rad. 2008-00251).
- Que notificado
del asunto Hasan Saleh Nofal siempre actuó como único arrendatario del bien,
sin hacer referencia a su cónyuge como participante.
- Establece el
artículo 381 del Código de Procedimiento civil que la causal sexta de
revisión podrá invocarse dentro de «los dos años siguientes a la ejecutoria de la respectiva
sentencia».
La oportunidad de esta especial vía en el
caso está dada, puesto que su interpuso a menos de dos meses desde la
desfijación del edicto con que se notificó el fallo que se pide
revisar.
No operó, pues, la caducidad.
- El recurso no
prospera por las razones que se exponen:
- De las pruebas
aportadas por las partes, las existentes en el expediente del proceso abreviado
y las practicadas en este excepcional recurso, no surge alguna conducta
fraudulenta o acto de colusión por los demandantes en restitución, que
sustente los reclamos de la impugnante.
Las comunicaciones calendadas 26 de junio
de 2001, 5 de junio de 2002, de 20 de marzo de 2003, 20 de marzo de 2004 y 31
de marzo de 2005 (folios 2 al 7), en las que figuran Pedro Jimeno Martin y
Francisca Montes como arrendadores y Hasan Saleh Nofal y Carmen Nazmia Ambra
Ambra como arrendatarios, se refieren a un contrato diferente al que fue objeto
de disputa, que, si mucho, darían lugar a tener por cierto que antes de 2005
los esposos Hasan y Carmen ocuparon en esa calidad el predio, pero se produjo
un cambio de condiciones al suscribir un nuevo documento con vigencia a partir
del 1º de abril de 2005.
Además, cobra relevancia el que la hoja en
que se hizo constar la cesión de este último contrato señalando a
“Hasan Saleh Nofal y Carmen Nazmia Amra (sic), como arrendatarios y Soto Pombo
Ltda., como arrendador», así como las
comunicaciones de 17 de septiembre de 2007, 19 de marzo y 24 de abril de 2008,
dirigidas a ambos, (folios 7,8, 11 y 12) fueron aportadas por los promotores
desde el inicio de la restitución, solo que no le reconocieron a ésta última
tal condición según los términos pactados por escrito, sin que de ese
proceder se advierta alguna intención ilícita o torticera.
Por su parte los testimonios recaudados
nada dicen sobre el comportamiento procesal de los arrendadores o conductas
irregulares, limitándose a emitir conceptos personales y apreciaciones
particulares sobre el desarrollo de la relación comercial existente entre las
partes.
No puede olvidarse, como lo señala la
Corte en SRC de 7 de diciembre de 2000, rad. 7643, que
(…) en tratándose de la causal 6ª, debe
existir un nexo causal entre el proceder malicioso y el daño producido, lo que
nos remite al aspecto esencial de los hechos probados durante el trámite del
recurso, en el bien entendido de que las maniobras fraudulentas deben aparecer
plenamente establecidas, para desvirtuar el principio de la buena fe que
cobija, en principio, las actuaciones de las partes en un proceso.
- Los
planteamientos de la censora se refieren a aspectos jurídicos que fueron
considerados en los albores del pleito por el a quo, cuando en el auto inadmisorio requirió la integración del
contradictorio con Carmen Nazmia Ambra Ambra, pero, aceptando los argumentos de
los accionantes en el sentido de que ésta simplemente respaldaba las
obligaciones pecuniarias de Hasan Saleh Nofal, tuvo por satisfecha tal
situación.
Es más, el contradictor en ese litigio
ningún reparo tuvo al respecto y centró su defensa en la validez del
desahucio recibido, por lo que no es esta la oportunidad para reabrir un tema
ya superado, como es el hecho de quiénes debían ser convocados al proceso ni
la posición que ocuparon en el desarrollo del arreglo comercial los firmantes
de ese documento.
Dichas discrepancias son extrañas a la
causal propuesta, que nada tienen que ver con las alegaciones de las partes
trabadas en conflicto, el estudio del caso por el fallador o la valoración que
se le dio a los diferentes elementos de convicción.
Esta Corporación en SRC4417-2014 de 8 de
abril de 2014, rad. 2012-01110, declaró infundado un reparo por la misma
causal porque «los hechos sobre los que se edifica,
no son advenedizos, sino que aparecen planteados, discutidos y analizados en el
trámite de las instancias, por lo que al haber sido conocidos por los extremos
del litigio y los sentenciadores, no pueden ser invocados con designio de
prosperidad en el recurso de revisión».
- Como la calidad
de garante en el contrato de arrendamiento de la opugnadora fue concluida por
el juzgador de primer grado, con base en su contenido y el material anexo
al libelo, sin que se demuestren presiones malintencionadas de los demandantes
para ese convencimiento o la forma como se resolvió la segunda instancia, no
es necesario revisar la defensa presentada en el sentido de que, en gracia de
discusión, «no era
obligatoria su comparecencia al tenor del artículo 8 de la Ley 820 de
2003». Además, estudiar
ese argumento sería reabrir el debate desde una óptica diferente a la que fue
trazada por los participantes y ni siquiera fue objeto de discusión en la
restitución, lo que es completamente ajeno a los principios rectores del
especial sendero tomado.
- Consecuentemente, como no se dan los supuestos de procedencia del
motivo de revisión planteado, se negarán las pretensiones y se harán los
demás ordenamientos complementarios.
- De conformidad
con lo dispuesto en el inciso final del artículo 384 del Código de
Procedimiento Civil se condenará en costas y perjuicios a la recurrente.
- Las agencias se
fijarán en esta misma providencia al tenor del 392 id, para lo cual se tendrá en cuenta la réplica de los
opositores.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema
de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero: Declarar
infundado el presente recurso extraordinario de revisión.
Segundo: Condenar
en costas y perjuicios a la impugnante, los que se harán efectivos con la
garantía otorgada.
Parágrafo: Fijar
las agencias en derecho en tres millones de pesos ($3’000.000).
Tercero: Liquidar
los perjuicios mediante incidente.
Cuarto: Hacer
efectiva la caución constituida por los accionantes el 25 de octubre de 2012,
mediante póliza N° 12-41-101009545 de Seguros del Estado S.A.
Parágrafo:
Librar, en su momento, comunicación con tal fin.
Quinto: Devolver
el expediente contentivo del proceso en que se dictó la sentencia objeto de
revisión al juzgado de origen, salvo el cuaderno de la Corte, agregando copia
de esta providencia.
Sexto: Archivar
lo actuado en revisión, una vez agotadas las órdenes aquí
impartidas.
Séptimo:
Prevenir a la Secretaría para que:
- Libre los oficios a que haya
lugar.
- Expida y anexe las copias
respectivas.
- Devuelva el expediente recibido en
préstamo
Notifíquese y devuélvase
JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ
MARGARITA CABELLO BLANCO
RUTH MARINA DÍAZ RUEDA
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA